ENLACE estuvo representada por Antonio Escobar y Jorge Ollero en el trámite de audiencia para la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana y expuso sus propuestas ante la Comisión parlamentaria de Igualdad y Políticas Sociales.
La necesidad de regular una Ley de estas características para consolidar la Participación ciudadana como derecho político, promoviendo un progresivo saneamiento democrático, se ha venido pidiendo tiempo atrás. Tal como hemos recalcado ante la Comisión, «la participación mejora las políticas públicas, refuerza la legitimidad de las instituciones, fomenta una ciudadanía activa y contribuye a la innovación social». Por otra parte, dando un paso más, también hemos incidido en que nos gustaría que «esta Ley regulara procesos vinculantes de participación, y no solo consultivos», así como en la importancia de que la Ley «culmine su tramitación, se reglamente y se dote presupuestariamente».
En ENLACE siempre hemos tenido un espíritu y una práctica implicada con la participación en todas nuestras actuaciones. Asimismo, consideramos que la sociedad civil ha conseguido empujar a la Administración a atender las necesidades sociales emergentes, y esto debe ser tenido en cuenta por las instituciones.
Algo importante en lo que hemos querido insistir, es que la participación «no solo debe circunscribirse al diseño y evaluación de las políticas públicas, sino también a su gestión, promoviendo experiencias mixtas de gestión ciudadana de espacios y servicios públicos y respetando las experiencias que ya existen».
Como hemos indicado en la mesa, nuestras propuestas han ido principalmente ligadas a la incentivación de la participación ciudadana en la gestión de espacios y servicios públicos, promoviendo modelos de co-gestión y de gestión ciudadana directa desde la cultura del procomún, por ejemplo, a través de la creación de cooperativas de servicios públicos, tal como recoge la Ley Andaluza de Cooperativas.
Por otro lado, también hemos defendido la necesidad de la consolidación práctica de mecanismos de participación vinculantes con contenido económico. Por ejemplo, con unos presupuestos participativos andaluces. Estamos convencidos, como defendimos en la mesa, de que desde la gestión ciudadana directa «se mantiene el patrimonio cultural, ecológico y económico común con principios de transparencia, equidad, acceso universal y diversidad».
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