Hace unos días, conocíamos la noticia de que el Parlamento catalán aprobaba la Ley de asociaciones de personas consumidoras de cannabis, “La Rosa Verda”. Esta Ley regula los clubes sin ánimo de lucro, el autoabastecimiento y distribución de cannabis entre sus personas asociadas, todas mayores de edad, que se asocian para el consumo de ocio o terapéutico en el ámbito privado.
La aprobación de esta Ley es el fruto de una Iniciativa Legislativa Popular que comparte el diagnóstico de que las políticas de represión penal de las drogas, lejos del objetivo de este Gobierno, no reducen el consumo ni los mercados ilegales y sí producen otros efectos indeseados.
Mientras que países como Uruguay comprendieron ya en 2013 que las consecuencias de las políticas prohibicionistas son más oscuras que la regulación del consumo, y fueron pioneros en la aprobación de la venta y producción de la marihuana, en España seguimos alimentando un mercado negro que incita a jóvenes y adultos a prácticas peligrosas. En este país, criminalizamos a las personas drogodependientes mediante políticas de represión, coartando las libertades individuales y favoreciendo el desarrollo de toda una estructura de corrupción que lastra el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.
Esta actitud represiva nos parece hipócrita cuando el Gobierno, por otro lado, da muestras de apoyo al consumo de determinadas sustancias, pese a sus graves consecuencias para la salud. Este es el caso de la distinción que se otorgó el pasado año a la Federación Española de Bebidas Espirituosas, quien fue premiada por sus supuestos «esfuerzos para evitar el consumo abusivo de bebidas alcohólicas promoviendo el consumo responsable y luchando contra la permisividad hacia el consumo en menores y otros colectivos de riesgo». Un acto contradictorio que refuerza el consumo de una droga socialmente aceptada, para la que no existe un abordaje valiente a pesar de ser la que más problemas causa actualmente en materia de adicciones e incluye a jóvenes en edades cada vez más bajas.
Así, la actual regulación penal del cannabis se basa en prejuicios moralistas ya que las evidencias médicas y científicas demuestran el bajo número de riesgos fisiológicos de esta sustancia. Por ello, en ENLACE, consideramos que es el momento de que Andalucía se convierta también en una Comunidad Autónoma referente y abra paso al debate sobre la regulación del uso de esta sustancia que, lejos de quedar en desuso, continuará formando parte de nuestras vidas.
Además, hay que indicar que en nuestra población reclusa, una de las más numerosas de Europa desde hace más de tres décadas, se calcula que un porcentaje del 25 % del total está formado por personas que han sido condenadas por delitos relacionados con el tráfico restringido de sustancias psicotrópicas. Porcentaje que es aún mayor en el caso de las mujeres, las cuales en su mayoría ocupan los escalafones más bajos del comercio de drogas. Este problema ha desaparecido al menos, respecto al cannabis en aquellos lugares donde el comercio se ha regulado y el autoconsumo se ha incluido en el comportamiento legal y social admitido.
Así, desde la Federación Andaluza ENLACE, pensamos que la iniciativa catalana marca un nuevo hito para las personas que luchan por un cambio en la política nacional de drogas. Desde Cataluña, se está enviando un mensaje al resto del Estado y del mundo. Un mensaje que nos alienta a mirar de frente y ejercer nuestros derechos.
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