El Congreso de los Diputados estudiará hoy, martes 24 de abril de 2018, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para acelerar los trámites del desahucio, en caso de ocupaciones ilegales de viviendas, sin que se garanticen alternativas para personas y familias en riesgo de exclusión.
La Federación Andaluza ENLACE, que agrupa a más de 90 entidades que intervienen en el ámbito de las adicciones y la exclusión social, insta a los partidos políticos a cambiar el foco en el debate sobre los desahucios, y lamenta que la reforma que se pretende aprobar deje sin tratar un asunto de máxima trascendencia como el de la marginación social y vulneración de sus derechos básicos a los que se enfrentan las familias desahuciadas.
Según datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Andalucía, en el año 2017, se produjeron 10.437 desahucios, lo que supone un 17,1% del total de los ejecutados en España. Esto supone que alrededor de 30 familias son desahuciadas por orden judicial al día en nuestra Comunidad Autónoma.
Además, el pasado año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU consideró que España violó los derechos humanos en el caso del desahucio ejecutado contra una familia con dos hijos menores de tres y un año respectivamente. La Organización de Naciones Unidas, además, ha instado a España a implementar un plan integral que garantice el acceso a la vivienda a las familias con pocos recursos.
Más recientemente, en marzo del presente año, este mismo Comité de Naciones Unidas, en un caso similar, ha exigido al Estado que tome «medidas para evitar posibles daños irreparables» a la familia, tal y como contempla el artículo cinco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que España suscribió en 1977; hasta el punto de suspender el lanzamiento de la familia en tanto no se conceda una alternativa habitacional.
En este contexto, Antonio Escobar, Presidente de ENLACE, considera que “nuestros representantes políticos deberían priorizar la búsqueda de soluciones para las familias en riesgo de exclusión social”. En palabras de Escobar, “no se trata de que se mantengan situaciones de ocupación ilegal de inmuebles”, sino de que, “en los casos en los que se deba ejecutar un desalojo, las Administraciones Públicas competentes garanticen una vivienda social digna a las personas y familias afectadas, de forma inmediata”.
No es aceptable que las altas tasas de desempleo y los bajísimos salarios, unido a la subida del precio de los alquileres y al desmantelamiento del parque de vivienda pública que ha dejado como legado la crisis económica sigan ocasionando tan graves daños a las personas y familias con menos recursos. Por lo tanto, desde ENLACE instamos a los distintos partidos políticos a que garanticen el derecho a la vivienda para todas las personas, de manera que “la ley que se pretende aprobar tenga en cuenta los requerimientos realizados por las Naciones Unidas de acuerdo con la legalidad internacional”.
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