ENLACE EXIGE EL DESBLOQUEO DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

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Cuando, en marzo de 2015, el Parlamento, con los únicos votos a favor del Partido Popular y la oposición del resto de los grupos, aprobó la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, múltiples organismos nacionales e internacionales, instituciones, partidos políticos y un gran número de ciudadanos y ciudadanas consideramos como una actuación de urgencia la derogación de la misma en cuanto las mayorías parlamentarias lo permitieran.

Más de tres años después, la Ley Mordaza sigue en vigor, a pesar de los reiterados compromisos de quienes nos representan de que sería derogada. En estos días, se ha hecho pública la información de que se han desbloqueado en la Comisión de Interior los trabajos para su reforma (que no derogación).

Desde la Federación Andaluza Enlace exigimos que se retomen las mismas posiciones que se mantuvieron en el momento de su aprobación, y que no se maquille la ley con reformas puntuales que puedan dejar en vigor tantísimos artículos que atacan directamente las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. En palabras de Antonio Escobar, Presidente de Enlace, “no se trata de parchear una ley insostenible, sino de recuperar todos y cada uno de los derechos que la misma vulnera”.

Hablamos de derechos básicos, como los de expresión, manifestación, reunión… pero también de una concepción de la autoridad que nos convierte, a la ciudadanía, en súbditos de las autoridades.

Pero muy especialmente, en el ámbito de las drogodependencias, en el que trabajamos todas las entidades federadas en ENLACE, consideramos de vital importancia que se legisle con criterios racionales, esto es: que se reflexione sobre las políticas prohibicionistas, y por tanto sobre la forma (actual e históricamente fracasada) de enfrentarse al fenómeno de las drogas, y, que, sin criminalizar a las personas consumidoras, se sancionen únicamente las conductas más graves. Y desde luego, siempre que esas conductas que se pretendan sancionar, efectivamente, pongan en peligro la seguridad ciudadana.

No queremos dejar de expresar nuestra preocupación por la falta de sensibilidad en relación con la incorporación social de las personas con problemas de drogodependencias, a las que se les ponen cada vez más trabas para enfrentarse a su proceso rehabilitador. Y en este punto, denunciamos que la Ley Mordaza eliminara la posibilidad de lograr la suspensión de las sanciones impuestas a personas que acreditaran su adicción e iniciaran tratamiento. Para Antonio Escobar, “este es un asunto irrenunciable, y reiteramos nuestra exigencia de que se recupere la suspensión, que no es un beneficio, sino una oportunidad que se debe seguir ofreciendo a las personas que consumen drogas”.

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