ENLACE presenta sus propuestas a los partidos políticos andaluces

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Con motivo de las próximas elecciones andaluzas, que se celebrarán el día 2 de diciembre, ENLACE ha presentado sus propuestas a todos los partidos políticos que concurren a las mismas. Hoy hemos comenzado la ronda de presentaciones con el PSOE, pero tenemos previsto reunirnos con todos los grupos que atiendan nuestra petición.

DEROGACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA. Instar al Gobierno en el cumplimiento de las promesas electorales sobre la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, o en todo caso, inclusión del tenor literal existente en el anterior texto, antiguo art. 25.2, posibilitando la suspensión de las sanciones administrativas por tenencia o consumo en vía pública de sustancias, con el compromiso de sometimiento a tratamiento deshabituación.

Desde ENLACE, defendemos la importancia de una ciudadanía activa y crítica, comprometida con los problemas de la sociedad. Tras la entrada en vigor de esta ley, hemos visto cómo las restricciones a algunas de las libertades públicas más básicas, como son la libertad de expresión, de manifestación y de reunión, han promovido la criminalización de personas y entidades que, como ENLACE, promueven estos valores. Asimismo, el tratamiento que esta norma hace sobre determinados temas afecta especialmente al colectivo de personas con escasos recursos y, específicamente, a las personas con problemas de adicciones. Por un lado, la sanción económica por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes ha pasado prácticamente a duplicar su cuantía (de 301 euros ha pasado a 601 euros en su graduación mínima). Por otro lado, esta norma niega la posibilidad, anteriormente vigente, de suspender el pago de la multa a condición de que la persona se sometiera a tratamiento de deshabituación (antiguo artículo 25.2). Esta vía se había mostrado muy eficaz para el acceso de personas con problemas de adicciones, a menudo provenientes de contextos de exclusión social, reduciendo los riesgos asociados al consumo e incrementando las posibilidades de rehabilitación.

TRANSFERENCIA DE LA SANIDAD PENITENCIARIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Transferencia a las Comunidades Autónomas de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias, tal y como  está previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Facilitaría a los personas usuarias la continuación de tratamientos prescritos en atención primaria, en VIH, hepatitis, etc., con conocimiento del historial médico del servicio de salud por los médicos de Instituciones Penitenciarias.

SERVICIO PERMANENTE DE UNIDADES DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA. Prácticamente desde el inicio del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, y dentro de los recursos de la Red Asistencial, se ofertó la desintoxicación en Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH), necesarias en los siguientes casos:

  • Fracasos repetidos en desintoxicación ambulatoria o domiciliaria.
  • Caracteres psicosociales marcados por desarraigo familiar y social, núcleo social de alto riesgo que impida el mínimo aislamiento necesario para realizar tratamiento, nivel socioeconómico bajo y/o existencia de personas consumidoras en el núcleo familiar.
  • Trastornos médicos orgánicos o psicopatológicos que hacen que la desintoxicación en un contexto ambulatorio sea poco segura.
  • En resumen, aquellos casos más vulnerables y en los que la rapidez de la intervención es un elemento esencial para su éxito, así como, la reducción del daño en las personas más deterioradas por su adicción.

A lo largo de los años hemos asistido a la progresiva disminución de camas hospitalarias ofertadas para este fin. Actualmente existen sólo tres UDH en Andalucía, formando parte de los servicios de 3 hospitales (San Lázaro, en Sevilla, Virgen de las Nieves, en Granada y Punta de Europa, en Algeciras). Éstas funcionan intermitentemente, bien por vacaciones del personal o por la utilización de las camas para otras situaciones de urgencia. Esto afecta negativamente a las personas que desean desintoxicarse, retrasando su ingreso en la Unidad y perjudicando su salud y rehabilitación. Por ello, reclamamos la estabilidad de los servicios de UDH, en la misma medida que el resto de recursos de atención a las adicciones en Andalucía.

CREACIÓN DE DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES Y ENFERMEDAD MENTAL. En la actualidad sólo existen Unidades de Hospitalización breve, en las que se ubica clínicamente a la persona, se estabiliza psiquiátricamente y/o se logra la abstinencia a tóxicos. La inexistencia de recursos específicos de continuidad, a nivel psicosocial, compromete directamente la estabilidad de la persona, una vez dada de alta en la Unidad de Hospitalización. Habría que posibilitar que las personas con patología dual puedan integrarse en un tratamiento normalizado y abierto, a través de centros de día, en los que, con un mayor grado de autonomía, puedan recibir apoyo psico-socio-educativo. En estos centros, se les acompañará en cuestiones claves relacionadas con su diagnóstico (desde favorecer una adherencia adecuada al tratamiento farmacológico, hasta lograr establecer hábitos básicos de higiene y alimentación) y se realizarán tareas de ajuste, contención y seguimiento clínico. Estos Centros deberían ser públicos o concertados con entidades sin ánimo de lucro, nunca con empresas lucrativas. Eliminar la externalización de servicios sociales a empresas con ánimo de lucro debe ser extensible a todos los ámbitos de atención a las personas vulnerables.

MEJORAS Y MAYOR DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROGRAMAS OCUPACIONALES. Actualmente, dentro de la Red Pública de Atención a las Adicciones, existen dos programas de carácter formativo-ocupacional para personas drogodependientes, el Programa Red de Artesanos, y el Programa Arquímedes; en el primero las personas acuden durante un año como máximo a una empresa o Administración, en la que supuestamente aprenderán un oficio, recibiendo una beca mensual de 420 €; en el segundo, la persona es contratada por la empresa o Administración Pública, siendo subvencionada una parte de esta contratación. En ambos casos, se debe realizar un seguimiento de la persona, por parte del Centro de Tratamiento Ambulatorio y/o entidad e referencia. Consideramos necesario trabajar más la parte socioeducativa de ambos programas, y que se impute a los mismos una dotación económica mayor, con objeto de reducir la lista de espera, y con ello, el tiempo de tramitación.

APOYO A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. Si el desempleo sigue alcanzando altas cuotas en la población normalizada, en las personas en situación de exclusión y con problemas  de adicciones el porcentaje se incrementa aún más. La estigmatización que sufre este colectivo, unida a la falta de hábitos laborales por los largos años de adicción, hace imprescindible que se trabaje con las personas a través de programas ocupacionales y recursos de tránsito al mercado laboral normalizado (empresas de inserción, centros de día…) Es imprescindible un trabajo socioeducativo, que permita la adquisición de hábitos laborales, a la vez que se desarrollan las competencias relacionales, se promueve la adherencia al tratamiento o se previenen las posibles recaídas. Por ello, es importante apoyar la creación y el mantenimiento de empresas de inserción o recursos similares, por el trabajo integral con colectivos en exclusión que se desarrolla en las mismas y la preparación efectiva que realizan para el mercado laboral normalizado.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES:ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS DE ADICCIONES A LAS MUJERES E INTERVENCIÓN INTEGRAL CON AQUELLAS QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO. Nuestra experiencia nos muestra que las mujeres con problemas de adicciones acceden menos a los recursos de tratamiento de drogodependencias, ya que los dispositivos y los programas no están diseñados para ellas. Por ello, demandamos un incremento del presupuesto destinado al tratamiento de adicciones que facilite la adaptación de los recursos de la  Red de Adicciones, la formación de los/las profesionales y la creación de nuevos programas y tratamientos diferenciados, acordes a las necesidades de las mujeres.

Al mismo tiempo, existe un alto porcentaje de mujeres con problemas de adicciones que han sufrido o sufren algún tipo de violencia de género, actuando además, su adicción, como limitación para el acceso a los dispositivos de acogida específicos. Esto pone en evidencia la urgente necesidad de una coordinación efectiva entre los agentes implicados en ambas problemáticas, que permita articular un abordaje integral de las mismas, al mismo tiempo que se incremente el número de plazas residenciales reservadas para estas mujeres.

IMPLANTACIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN ANDALUCÍA. La Justicia Restaurativa, que utiliza herramientas como la mediación, los círculos o los encuentros restaurativos, ha sido incorporada a nuestra legislación vigente en la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima, cuyo artículo 15 regula los Servicios de Justicia Restaurativa. Quienes formamos parte de ENLACE consideramos que la apuesta por la Justicia Restaurativa no sólo tiene beneficios para las personas que participan directamente en ella, sino que también aporta un beneficio a la sociedad, al ser más eficiente y redundar en una reducción de la carga de trabajo de los juzgados. Los estudios existentes demuestran que el coste-beneficio de estos servicios es muy favorable y que se ahorra dinero a medio plazo, debido a la reducción de la litigiosidad y la reincidencia. Es necesario implantar un servicio de Justicia Restaurativa en Andalucía, dotando a cada provincia de los recursos económicos necesarios. Ello constituiría no sólo un momento histórico en el avance del sistema penal de esta Comunidad Autónoma y de mejora en la protección de las víctimas y la reinserción de las personas infractoras, sino que, además, daría cumplimiento a la Proposición No de Ley del Parlamento de Andalucía, aprobada el 30 de mayo de 2018.

REGULACIÓN MÁS RESTRICTIVA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y LAS CASAS DE APUESTAS.

Dado el incremento de los casos de adicción al juego de los últimos tiempos, demandamos a las instancias correspondientes una regulación más restrictiva respecto a las actividades de emisión de publicidad sobre juegos de apuestas online y un mayor control en la concesión de licencias a locales de esta naturaleza.

Como precedente en el entorno de la Unión Europea, tenemos el caso de Italia, que ya ha limitado la publicidad de este tipo de servicios, prohibiendo la promoción del juego online para evitar la incentivación del consumo, tanto entre las personas que son usuarias asiduas como entre aquellas otras que nunca han participado en este tipo de actividades, previniendo así el riesgo de adicción al juego.

El pasado mes de septiembre de 2017, el Gobierno autonómico aprobó el reglamento de apuestas deportivas y de competición, lo que ha disparado la apertura de establecimientos especializados en Andalucía. Paralelamente, venimos observando un aumento de los casos de ludopatía. Tal y como han constatado asociaciones de jugadores rehabilitados y estudios especializados, la promoción de esta actividad puede conllevar un grave riesgo para la población, especialmente en colectivos vulnerables como jóvenes y adolescentes, produciendo un alza en los casos de adicción al juego.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la publicidad televisiva sobre apuestas online se está emitiendo junto a contenido que resulta de especial interés para jóvenes y adolescentes, como los grandes eventos deportivos, y que, en muchos casos, son personajes públicos del mundo del deporte los que están protagonizando dichos anuncios, con la gran influencia que ejercen entre dicho público.

Por estos motivos, exigimos se inste a la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda y al Gobierno de la Junta de Andalucía, a que no sólo se limite a apelar a la responsabilidad de las personas usuarias en el juego, sino que además tome cartas en el asunto, velando por el interés general de la población, con una regulación más acorde a su protección.

INSTAR AL GOBIERNO CENTRAL A REGULAR DE FORMA INTEGRAL EL CANNABIS E IMPULSAR UN PROCESO PARTICIPATIVO DE INDAGACIÓN A NIVEL ANDALUZ.

Consideramos que una manera de salir del punto muerto en el que se encuentra esta regulación, tan necesaria, sería la financiación y realización, con impulso público, de un proceso participativo de indagación social sobre la pertinencia de regular el cannabis, la mejor modalidad para hacerlo y las ventajas e inconvenientes de las diferentes regulaciones posibles. En este proceso es importante tener en cuenta la voz de las asociaciones que trabajan con personas drogodependientes, las personas consumidoras, juristas y economistas de reconocido prestigio entre otros perfiles.

Pese a la aprobación de la Proposición no de ley relativa a la regulación del cannabis en sus usos medicinales, terapéuticos y de ocio, por el Pleno del Parlamento Andaluz el 25 de mayo de 2017, no se han producido avances a nivel estatal en esta materia. Por ello y, debido al cambio de Gobierno que ha acontecido, consideramos que es necesario volver a instar al Gobierno a regular los usos terapéuticos y de ocio del cannabis. La actual política de drogas, que data de los años 60, ha demostrado su ineficacia y, por eso, cada vez más países (Uruguay, Canadá, Estados Unidos) están ensayando fórmulas diferentes de regulación, que reducen el índice de criminalidad y producen resultados positivos a nivel sanitario, social y económico.

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Propuestas partidos 2018 elecciones Andalucía

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