El Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas ha valorado la alta implantación del Programa de Asesoramiento Jurídico en Centros Públicos y la fuerte cooperación entre la Administración Pública andaluza y la Federación Andaluza ENLACE, ya que esto refleja que el trabajo conjunto entre el sector público y el tercer sector consigue ofrecer soluciones innovadoras a los problemas de las personas drogodependientes.
El Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas (CSFD, por sus siglas en inglés) es un grupo consultivo de expertos de la Comisión Europea. Está formado por 45 organizaciones de la sociedad civil provenientes de toda Europa, que actúan en diversos ámbitos de la política de drogas (prevención, intervención, incidencia política y reducción de daños, entre otros). Su propósito es proporcionar un diálogo estructurado entre la Comisión y la sociedad civil europea que apoye la formulación e implementación de políticas de drogas.
Actualmente, el CSFD está buscando estimular la implementación del Plan de Acción de la UE en materia de Drogas (2017-2020) a nivel nacional, con especial referencia al trabajo de las entidades sociales. El Plan de acción ha sido adoptado por todos los Estados miembros de la UE y es un gran logro, tanto por su contenido progresista, como por la participación significativa de la sociedad civil en su preparación. Para mejorar la difusión y comprensión del Plan de Acción de la UE a nivel nacional, el CSFD ha decidido identificar ejemplos de buenas prácticas de cooperación entre las administraciones públicas y la sociedad civil en distintos aspectos de las políticas de drogas.
En este contexto, el CSFD ha seleccionado al Programa de Asesoramiento Jurídico en Centros Públicos como Buena Práctica de la cooperación entre las administraciones públicas y la sociedad civil para promover las alternativas a la prisión de las personas drogodependientes.
El fomento de las alternativas a la prisión es una prioridad para la Unión Europea, estando establecido en la Acción 22 del Plan de Acción de la UE señala que: «Los Estados miembros deberán proporcionar y aplicar, cuando corresponda y de acuerdo con sus marcos legales, alternativas a las sanciones coercitivas para los delincuentes que consumen drogas.” Además, debido a la especial importancia de este asunto, en marzo de 2018 el Consejo de la UE adoptó unas Conclusiones unánimes sobre alternativas a las sanciones coercitivas para los delincuentes que consumen drogas. Este acuerdo representa la voluntad política de los 28 Estados miembros de la UE de aplicar medidas alternativas a las sanciones coercitivas para: prevenir el delito; reducir la reincidencia; mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de justicia penal; reducir los daños a la salud y minimizar los riesgos sociales.
El CSFD ha valorado la alta implantación del Programa de Asesoramiento Jurídico en Centros Públicos y la fuerte cooperación entre la Administración Pública andaluza y la Federación Andaluza ENLACE, ya que esto refleja que el trabajo conjunto entre el sector público y el tercer sector consigue ofrecer soluciones innovadoras a los problemas de las personas drogodependientes.
El servicio de asesoramiento legal es realizado por ENLACE en cooperación con la red pública de atención a las adicciones, logrando que alrededor de 1.500 personas usuarias reciban asistencia legal cada año. El programa busca favorecer la incorporación social de las personas drogodependientes a través de un trabajo integral de sus problemas legales, incluyendo un enfoque de justicia restaurativa (se ofrecen procesos de mediación entre la víctimas y personas infractoras). Este enfoque global e integrado se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso penal y penitenciario, desde el momento en que la persona es detenida hasta que finaliza el procedimiento judicial y, cuando corresponde, hasta que se reintegra en la sociedad después de cumplir con una sentencia de prisión. Lo que se intenta es que en la aplicación de la ley penal prevalezcan los aspectos reinsertadores y no los aspectos meramente punitivos. En otras palabras, la ley ofrece ciertas medidas alternativas que podrían ayudar al tratamiento terapéutico de las personas drogodependientes pero estas medidas alternativas no siempre se aplican, por lo que es necesario que sociedad civil y administraciones públicas se unan para promover lo que la Unión Europea considera prioritario: que las personas drogodependientes accedan a medidas alternativas a la prisión.
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