En marzo de 2008 entró en vigor el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en Andalucía. También un año después apareció la Orden de 9 de marzo de 2009, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio. Estas disposiciones no han hecho sino agravar un panorama ya de por sí bastante deteriorado, que sitúa a la justicia española por debajo de otros países en vías de desarrollo en el ámbito de la Justicia Gratuita. Con estas nuevas disposiciones se ha perdido el Derecho a contar con un abogado de oficio para presentar los recursos ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, algo muy en la línea de otras medidas anteriores, como la exclusión de los turnos de oficio penitenciarios del ámbito de la Justicia Gratuita, cuya existencia pasó a depender de la concesión de subvenciones.