f-enlace.org: Federación Andaluza ENLACE

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Las primeras asociaciones de drogodependencias en Andalucía surgieron en los años ochenta, formadas, en su mayoría, por familiares de las propias personas afectadas, que se unieron con el objetivo de encontrar respuestas a la problemática que vivían, en una época en la que no existía una red de recursos —ni públicos ni privados— que les prestara el apoyo necesario. En este proceso, empezaron a tejerse relaciones entre las distintas asociaciones y a hacerse más periódicos los contactos entre ellas, constituyéndose las primeras federaciones. En enero de 1991 se celebran las II Jornadas Andaluzas de Asociaciones de Drogodependencias, organizadas por la Federación Provincial de Sevilla, Liberación. Es en esas Jornadas cuando se produce el nacimiento oficial de la Federación Andaluza ENLACE, que desde sus inicios aglutina a la mayoría de asociaciones de drogodependencias de Andalucía.

Un rasgo distintivo en los orígenes de ENLACE es el carácter reivindicativo. Quedaba mucho camino por recorrer y las necesidades de atención de las personas drogodependientes eran numerosas. Las primeras demandas se centraron en la creación y mejora de la red asistencial y en la sensibilización social sobre la problemática de las drogodependencias, además de defender la aplicación de políticas no represivas hacia las personas drogodependientes que delinquen, facilitando que en lugar de cumplir las penas de prisión previstas en nuestra legislación tuvieran la posibilidad de realizar un tratamiento adecuado que les permitiera su incorporación social. Muchas de las asociaciones, junto a la labor reivindicativa, empezaron a prestar servicios de atención directa a las personas drogodependientes y a realizar actividades de prevención, realizando un gran esfuerzo por mejorar día a día este trabajo.

En 1992, ENLACE aprobó un documento consensuado por las asociaciones en el que se establece que la problemática de las drogodependencias no se puede ceñir a los efectos del consumo abusivo de determinadas sustancias, sino que es una muestra de las consecuencias que tiene para muchas personas vivir en una sociedad que genera graves desigualdades sociales y en la que imperan valores como el individualismo, la competitividad, el consumismo sin medida, etc. Al mismo tiempo, en base a nuestra experiencia diaria y a nuestras reflexiones, vamos entendiendo que la incorporación social de las personas drogodependientes no pasa obligatoriamente por el abandono del consumo o la superación de fases preestablecidas (desintoxicación, deshabituación y reinserción), sino que es un proceso más complejo, que requiere una intervención personalizada que contemple todos los ámbitos que conforman su vida: familiar, social, formativo, laboral, etc.

A estas alturas sabemos que es necesario intervenir en las prisiones —lo que hacemos en la medida en que la propia institución penitenciaria nos lo permite— y constatamos que la cárcel no es el lugar adecuado para la incorporación social de las personas con problemas de drogodependencias. Este hecho nos hace dedicar gran parte de nuestros esfuerzos a paliar los efectos negativos de la reclusión y a realizar campañas de sensibilización para hacer entender a la sociedad, por un lado, que existen alternativas a la prisión de tipo terapéutico mucho más efectivas para evitar el delito y, por otro, que las personas enfermas tienen derecho a recibir una atención médica adecuada y a morir con dignidad, lo cual es imposible si se encuentran privadas de libertad. Al mismo tiempo, ponemos en marcha programas y recursos no planteados, al menos en un primer momento, por la Administración Pública, por ejemplo, los primeros centros de emergencia social o los programas de educación de calle. De la misma manera, planteamos la necesidad de construir una Prevención de drogodependencias de carácter integral, que aborde todas las parcelas de socialización de las personas, y que se desarrolle en los ámbitos familiar, escolar y comunitario.

Junto a todo lo anterior, desde ENLACE llevamos muchos años reclamando un cambio de raíz en las políticas sobre drogas, para que no sigan criminalizando a las personas más vulnerables de la sociedad y mayor inversión en políticas sociales (en materia de empleo, educación, vivienda, infraestructuras de ocio, etc.), con la certeza de que éste es el camino para prevenir los problemas de drogodependencias en particular y los conflictos sociales en general.