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Informes anuales de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y otras ONG, de los distintos Relatores de la ONU, del Comité para la Prevención de la Tortura y del Comité Contra la Tortura (CAT), además de las condenas de los Tribunales españoles y del Tribunal Europeo de DDHH, muestran que la tortura subsiste y crece en España.

Hemos hablado con Jorge del Cura, miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que nos ha hecho una radiografía de la tortura en el Estado español.

¿Dónde y quién tortura en el Estado español?

La denuncia por práctica de la tortura está generalizada en todos los cuerpos policiales y funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad. Existen denuncias, y condenas, contra agentes del cuerpo nacional de policía, guardia civil, policías locales, policías autonómicas (mossos d´esquadra, ertzaintza, policía foral de Navarra"), funcionarios de prisiones, personal de centros de menores y militares.

En cuanto al lugar donde se producen, hay denuncias y condenas en todas las comunidades autónomas del Estado, así como en todo tipo de dependencias donde existen personas privadas de libertad (cárceles, comisarías y cuartelillos, centros de menores".).

Igualmente existen numerosos casos de agresiones en el momento de la detención, en la calle, en descampados a los que se ha trasladado ilegalmente a algunas personas detenidas antes de ser llevadas a las comisarías, así como en los vehículos policiales durante los traslados de los detenidos.

¿Existen pruebas?

Existen pruebas de estas agresiones. No solo los testimonios de las personas agredidas, sino también los testimonios de testigos de las agresiones. Existen los partes médicos que acreditan la realidad de las lesiones sufridas" En ocasiones contamos con grabaciones de las agresiones, por cámaras de videovigilancia o grabaciones de particulares que han observado lo ocurrido," y también, en ocasiones, muy pocas lamentablemente, existe el testimonio de funcionarios públicos que confirman la veracidad de la denuncia. No es la falta de pruebas el problema, sino la actitud de los jueces y fiscales ante las denuncias por tortura.

¿Quién investiga estas torturas?

Los delitos de tortura deberían ser investigados por jueces y fiscales, quienes deben por imperativo legal actuar rápida y eficazmente ante cualquier indicio de tortura o maltrato. Por desgracia, como han denunciado reiteradamente los organismos internacionales de Derechos Humanos, por ejemplo el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en el último informe publicado sobre el Estado español, la actuación de jueces y fiscales contra la tortura deja mucho que desear.

De hecho el Estado español ha sido condenado tanto por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como por el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por no investigar suficientemente las denuncias por tortura, o por retraso inaceptable en las investigaciones de estos delitos.

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Acceder a la página de la CPT (Coordinadora para la Prevención de la Tortura).