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García Vicente ha señalado que "el 40 por ciento de los delitos tiene que ver, directa o directamente, con el alcohol y la droga", mientras que el 20 por ciento de las personas que comenten un delito tienen una enfermedad mental. Al respecto, ha apuntado a la mitad de las personas la enfermedad mental "se les detectó en la cárcel".

Por eso, ha pedido al Defensor del Pueblo que se creen juzgados especializados en salud mental y drogodependencias y que haya "planes de tratamiento específico para la desintoxicación y deshabituación".

Asimismo, ha solicitado que "a las personas que se les ha detectado una enfermedad mental en la cárcel se les garantice que cuando salgan sigan teniendo tratamiento" . También ha reclamado que haya plazas residencias para las personas que tienen una enfermedad mental.

Respecto a las drogodependencias, ha recalcado que hay que "apostar por la deshabituación" y ha recordado que los expertos consideran que "harían falta más plazas" en comunidades terapéuticas y centros de rehabilitación en Aragón.

El informe del Justicia revela que existe una reincidencia por parte de las personas que han estado en prisión. Así, el 36% detenidos ya lo habían sido con anterioridad y el diez por ciento de los internos cumple el 50 por ciento de las condenas, algo que a juicio de García Vicente pone de manifiesto que "el sistema de reinserción y rehabilitación no está funcionado como debería".

En este sentido, ha argumentado que si "hay tanta gente en la cárcel es porque la sociedad en su conjunto es muy cómoda y cuando alguien comete un delito se le mete en la cárcel", en vez de apostar por otras medidas para lograr su reinserción.

Por eso, "hay que cambiar de mentalidad" y cambiar el sistema, asumiendo "un riesgo" porque esto, "a la larga, es "más beneficioso" para la sociedad y para la persona. Asimismo, ha sostenido que con el dinero que cuesta mantener a una persona en la cárcel durante un año, entre 20.000 y 25.000 euros, "se pueden hacer muchas cosas" y estaría "mejor empleado" en prevención y tratamientos posteriores que "en tener una persona en prisión sin hacer nada".

"Demos otra oportunidad" a las personas, ha dicho, y si no responden "seamos más duros". Entre las propuestas de reinserción, el Justicia ha mencionado el fomento de los trabajos a favor de la comunidad en vez del ingreso en prisión. Según ha comentado, actualmente se ofrecen 500 plazas en Zaragoza cuando serían necesarias 4.000. García Vicente ha informado de que se ha dirigido al Gobierno de Aragón y los ayuntamientos más grandes de la Comunidad autónoma para solicitarles la creación de esas plazas, al tiempo que ha apostado por ser "imaginativos" para generar este tipo de trabajos.

Otra de sus propuestas ha sido fomentar la mediación penal --que sería como el sistema arbitral, pero en el ámbito penal-- ya que en Aragón "no existe como tal", aunque hay dos jueces de Zaragoza que la practican, pero sin que esté protocolizada.

Además, ha propuesto que en el año previo a la excarcelación se fijen medidas encaminadas a "la reinserción en la sociedad" y ha asegurado que muchos presos "estarían dispuestos" a participar en programas voluntarios de seguimiento para que su salida de prisión "no sea un salto enorme".

También ha recomendado facilitar plazas residenciales porque si "no tienen profesión ni donde vivir les estamos empujando de nuevo a delinquir".

Puedes ver el informe completo en el documento adjunto