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Manifiesto

Manifiesto de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura

sobre el proceso de creación del Mecanismo para la Prevención de la Tortura (MNPT) en el Estado español.

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, compuesta por 45 asociaciones del Estado español dedicadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos, nació en 2004 para luchar por la prevención de la Tortura y los malos tratos. La Coordinadora, como parte de la sociedad civil, trabaja en ella y desde ella, haciéndose portavoz de sus denuncias y propuestas en lo relativo a la cuestión de la Tortura en el Estado español. Porque la Tortura subsiste en nuestro Estado, como prueban tanto los informes anuales de la propia Coordinadora y otras ONGs, como los de los distintos Relatores de la ONU, el Comité para la Prevención de la Tortura o el Comité Contra la Tortur (CAT), y como las condenas de los Tribunales españoles y del Tribunal Europeo de DDHH.

Puesto que la prevención y erradicación de la tortura es una responsabilidad del Estado, le exigimos que actúe responsablemente, cumpliendo así con el mandato constitucional y con los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el propio Estado, especialmente la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo.

Respecto al Protocolo Facultativo (PF), queremos recordar que este 22 de julio se termina la prórroga que el Estado español solicitó a la ONU para la puesta en marcha del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) que debe aplicarlo. Pese a ello, no sólo no se ha desarrollado la legislación correspondiente, sino que lo único que se sabe tras la comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno Mª Tª Fernández de la Vega ante la Comisión Constitucional del Parlamento el pasado 16 de junio es que: “ese mecanismo que nos hemos comprometido a poner en marcha se integre en la institución del Defensor del Pueblo, ya que esta institución tiene legalmente atribuidas las funciones que prevé para este nuevo mecanismo nacional, el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura. Les adelanto que el mecanismo contará con un consejo asesor en el que estará representada la sociedad civil”. Una decisión que se toma en contra de los criterios expresados por varios representantes de la sociedad civil, entre ellos nuestra Coordinadora, que exigimos la creación de un MNPT que sea un órgano de nueva creación, independiente de todos los poderes del Estado y con capacidad para fiscalizar la actuación de cualquier institución de custodia y/o tutela judicial (requisitos que la Defensoría del pueblo no cumple).

Es más, la forma y fondo del MNPT ha sido discutida entre miembros de la Administración, personalidades académicas y representantes de la sociedad civil a través de un grupo de contacto que lleva sin reunirse desde diciembre de 2007 y en el que las propuestas de la sociedad civil han sido sistemáticamente ignoradas, cuando no manipuladas, por la Administración. Así, por ejemplo, desde nuestra Coordinadora hemos solicitado varias veces reabrir esta negociación para acordar las líneas básicas del futuro MNPT, a lo que se nos ha contestado desde el Mº de Justicia diciendo que el proceso de consultas se reabrirá “una vez elaborado” el proyecto de ley, escatimando así la negociación real e imponiendo su voluntad de forma unilateral. Es decir que el retraso y la imposición son los mimbres con los que se está elaborando el MNPT.

Además, a nivel internacional, tanto el PF como la Convención basan su trabajo en organismos para la prevención y erradicación de la tortura en los que corresponde a los Estados signatarios designar sus miembros. Próximamente, el Estado español debe renovar 3 miembros en varios organismos: en el Subcomité del a ONU, debe sustituir a D. Leopoldo Torres, quien dimitió a medio mandato el 18-2-2009, tras haber sido designado en contra de la opinión de esta Coordinadora; debe proponer otro para el Comité de la ONU, al finalizar el mandato de D. Fernando Mariño; y un tercero para el Comité Europeo, en sustitución de D. Emilio Ginés, cuyo mandato termina el 12-12-2009.

Los miembros de estos Organismos deben ser personas expertas, reconocidas por su competencia en la materia, poseedores de una reconocida integridad moral, independencia e imparcialidad en el desempeño de su función. Obviamente, de la calidad de sus miembros dependen tanto el prestigio y autoridad del organismo, como su eficacia. Ahora bien, la calidad de los integrantes solo se garantiza con un adecuado proceso de selección, presidido por principios, elementales en una sociedad democrática, de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y acreditación de los criterios antes mencionados. Un proceso que excluya el secreto y la ocultación y que no se base en criterios de selección que respondan a finalidades partidistas, recompensa de favores, prebendas, nepotismos, etc. Pese a ello, la experiencia de esta Coordinadora sobre como se ha negociado el MNPT nos hace ser pesimistas sobre los criterios de selección de los nuevos candidatos.

Por ello la Coordinadora, junto con otros organizaciones, se ha dirigido a los Departamentos competentes del Gobierno central (Vicepresidencia y MAE), recordándoles y exigiéndoles la puesta en marcha de los procesos selectivos en base a los siguientes criterios:

1. Convocatorias públicas de candidaturas: abiertas en condiciones de igualdad y haciendo hincapié en la paridad entre hombres y mujeres.
   Consultas sobre la idoneidad de los candidatos: no solamente con organismos y entidades públicas, sino también con Asociaciones y ONG que desempeñen un papel activo y contrastado en la lucha contra la tortura.
2. Entrevistas de un grupo de expertos con los candidatos "preseleccionados", a fin de evaluar la cualificación de éstos, así como su motivación, disponibilidad y aptitudes lingüísticas.
3. Utilización de un formulario normalizado de currículo vital, destinado a proporcionar la información pertinente sobre los candidatos tanto a las autoridades nacionales, como a las internacionales encargadas de cerrar el proceso de selección.
4. La Coordinadora se ha preocupado repetidamente de estos procesos de selección y de las garantías que deben acompañarlos, por eso ha preguntado, por escrito, recibiendo silencios y respuestas evasivas que se remiten a una futura legislación aún no elaborada, como contestación. También hemos sabido que el Gobierno ha tenido conversaciones con algunas posibles candidatos de forma “confidencial” y/o “informal”. Ante tal oscurantismo hemos solicitado formalmente al Gobierno que informe acerca de la totalidad del procedimiento de selección de candidatos que España ha de proponer para los Comités y Subcomité antes referidos; y que lo haga públicamente, precisando previsiones, lugar de publicación y comparecencia y plazos, respetando los principios de procedimiento y criterios de selección exigidos.

Ante todo lo descrito, la Coordinadora concluye con una valoración nítidamente crítica a la labor del Gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades respecto a estos asuntos. Denunciamos por ello un estrategia que combina la dilación y la imposición a partes iguales: El retraso en los procesos nos hace temer que el Gobierno está dispuesto a una designación “de urgencia”, tanto de la Defensoría del Pueblo como MNPT como de los candidatos a los distintos organismos internacionales, sin el procedimiento debido, lo que serían unos actos de unilateralidad y autoritarismo inaceptables. La sociedad civil y, en concreto, las Asociaciones de DD.HH. y ONG tenemos derecho a proponer las formas de los procesos y a participar de ellos. Las informalidades hasta ahora constatadas nos hacen sospechar que el Gobierno está poniendo en práctica un simulacro de apertura a la sociedad civil o una “apertura selectiva”; lo que sería un modo cínico de hacer política, indeseable y perjudicial para los fines pretendidos.

La ausencia de publicidad y garantías en estos procesos, nos obliga a denunciar importantes y trascendentales responsabilidades del Gobierno, que ponen en peligro la consecución de los difíciles y exigentes objetivos del MNPT así como de los Comités y Subcomités internacionales, todo ello en detrimento de la eficaz prevención y erradicación de la Tortura, objetivo último de todos estos procesos. Todo esto desacredita la política de Derechos Humanos del Gobierno y confirma la práctica de la tortura y tratos inhumanos en nuestro Estado, certificando su impunidad.

En definitiva, la corrupción de los procesos conlleva la corrupción de los resultados, impidiendo la prevención y erradicación de la tortura, pese a que ese debería ser el objetivo del Gobierno, igual que es el nuestro.

Madrid, 22 de julio de 2009.