ENLACE pide que no se criminalice a las personas usuarias de drogas

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Antes de que entrara en vigor la “Ley Mordaza”, se daba la posibilidad de suspender el pago de multa a cambio de iniciar un tratamiento de deshabituación.

En la tarde de hoy se inician los trámites parlamentarios para tratar la posible derogación o reforma del articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como “Ley Mordaza”). Todos los partidos políticos que conforman el arco parlamentario, excepto el partido del Gobierno, se comprometieron a derogar esta ley en el momento en que las mayorías lo permitieran.

La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana restringe los derechos y libertades públicas (libertad de expresión, manifestación y reunión) sin justificación alguna y puede conllevar la criminalización de las personas y entidades que, como ENLACE, creemos en una democracia activa y crítica.

Además, la ley afecta de manera muy concreta al colectivo de personas con problemas de adicciones al aumentar las sanciones por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes (la multa mínima pasó de 301 a 601 €). Y lo que es aún más grave, esta Ley niega la posibilidad, anteriormente vigente, de que se pueda suspender el pago de multa a cambio de iniciar un tratamiento de deshabituación.

Esta vía era muy importante y ha sido de comprobada eficacia para que personas con problemas de adicciones, muchas veces provenientes de contextos de exclusión social, accedieran a tratamientos que suponían una mejora de su salud, reduciendo los riesgos asociados al consumo e incrementando sus posibilidades de rehabilitación, lo cual redundaba en toda la sociedad.

Frente al tratamiento, esta Ley solo impone duras sanciones económicas que pesarán como una losa para aquellas personas que estén intentando recomponer sus vidas y superar su adicción. En este sentido, desde ENLACE abogamos por una política de drogas más realista, basada en la evidencia científica y no en cuestiones morales, más dirigida a la prevención y a la reducción de daños que a la actual persecución de las personas consumidoras.

En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “en un Estado de Derecho no podemos permitir que las personas con problemas de adicciones tengan oportunidades de rehabilitación en el ámbito penal mientras en el administrativo son duramente castigadas. La anterior Ley de Seguridad Ciudadana tenía un carácter terapéutico que ha desaparecido con esta reforma. Exigimos de los partidos políticos que deroguen cuantos artículos vulneran los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente, que valoren la oportunidad de recuperar la suspensión de las sanciones económicas cuando las personas mayores de edad con problemas de adicción se sometan a tratamiento”.

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