Ante el debate que ha suscitado en las últimas semanas la llamada prisión permanente revisable, desde ENLACE consideramos que esta pena es contraria a nuestra Constitución y a la necesaria finalidad de la reeducación y reinserción social de las personas presas, recogida en el art. 25.
Pensamos que, partiendo del máximo respeto a las víctimas y a sus familiares, el Estado de Derecho debe situar como una prioridad innegociable la reparación total del daño causado; sin embargo, no se debe ni se puede legislar desde el dolor.
Es necesario informar a la ciudadanía de que, tal y como muestra el «Estudio sobre la realidad penal y penitenciaria: una visión desde las entidades sociales», elaborado por la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP), mientras que la tasa de delitos en España es un 27% inferior al promedio europeo, la tasa de encarcelamiento es la segunda más alta de Europa. Son muchas las personas que están en prisión, predominando las personas drogodependientes, y un gran número de éstas cumplen largas condenas por la acumulación de delitos contra la salud pública y el patrimonio, es decir, hurtos y otros delitos no violentos relacionados con el consumo y pequeño tráfico de drogas.
En palabras de Antonio Escobar, presidente de ENLACE, “la prisión permanente revisable se acerca demasiado a la cadena perpetua, por lo que ni jurídica ni humanamente tiene cabida en nuestra sociedad y, desde luego, no va a incidir en una reducción de los índices de criminalidad. Tenemos el convencimiento de que las soluciones pasan por dedicar más recursos y medios a trabajar, desde un enfoque social y psicológico, con las personas que han cometido delitos, con el objetivo de lograr una reinserción social real y efectiva. Al mismo tiempo, pensamos que es vital seguir fomentando las medidas alternativas a la prisión y la mediación penal, dentro del marco de la Justicia Restaurativa, ya que se ha demostrado que son mucho más eficaces para mitigar el dolor de las víctimas y sus familias”.
ENLACE apoya, por tanto, un debate que parta del verdadero conocimiento de la realidad penal y penitenciaria en España, así como de la finalidad reinsertadora y reeducativa que nuestra Constitución atribuye a la pena de prisión, lo que debería conllevar la ineludible derogación de la prisión permanente revisable.
