Entidades sociales denuncian que la Junta de Andalucía ha recortado un 86,7% en subvenciones destinadas a la reinserción de las personas reclusas y ex-reclusas.
La Junta de Andalucía tiene el deber de garantizar los derechos sociales de toda la población andaluza, así lo dice el Estatuto de Autonomía y la Ley de Servicios Sociales. Esto incluye el deber de trabajar por la reinserción social de las personas reclusas y ex-reclusas las cuales, en su gran mayoría, provienen de entornos desestructurados y empobrecidos. Estas personas y sus familias son atendidas por multitud de entidades sociales que llevan a cabo programas de tratamiento de las adicciones, de rehabilitación psicológica, de prevención del VIH, de capacitación laboral o de intervención contra la violencia de género. De hecho, las adicciones afectan a un 70% de la población reclusa, los trastornos mentales graves a un 12%, el VIH a un 10%, el desempleo a un 84% y un 90% de las mujeres presas han sufrido violencia de género. Es decir, que las necesidades de intervención social y socio-sanitaria de las personas presas son muy elevadas, siendo uno de los colectivos de especial vulnerabilidad que más carencias presenta. El Defensor del Pueblo Andaluz ha recordado en su último Informe que la Administración andaluza debe potenciar “los instrumentos oportunos que faciliten una adecuada reinserción social”.
Sin embargo, en la actual propuesta de resolución de subvenciones para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se ha producido un recorte sin precedentes, pasando de unos 699.000 € en 2019 a 93.000 € en esta convocatoria, 2020
Esto supone que se dejarán de financiar programas muy consolidados que llevaban muchos años atendiendo a las más de 13.000 personas presas que hay en Andalucía y a sus familias. Programas que fomentaban que el paso por la cárcel no supusiera una mayor exclusión, sino que propiciara la plena integración en la sociedad. Las personas presas son vecinos y vecinas de nuestros barrios y pueblos, en ellos dejan familias y amistades rotas por el encarcelamiento, y a ellos volverán cuando acaben su condena. Deben tener garantizados sus derechos como ciudadanos y ciudadanas durante su estancia en prisión y al salir de ésta, para que se haga realidad el principio constitucional de reinserción. La construcción de una sociedad más segura, con menos delitos y mayor paz social, solo es posible mediante la inversión en políticas sociales que reduzcan la desigualdad, la precariedad y el desempleo. Recortar en políticas de reinserción es recortar en políticas sociales y nos aboca a perpetuar las injusticias que están en la raíz de la criminalidad.
Las entidades sociales abajo firmantes denunciamos este recorte en políticas de reinserción y reclamamos que la Junta de Andalucía cumpla lo estipulado en la Ley de Servicios Sociales y el Estatuto de Andalucía garantizando los derechos sociales a las personas que más lo necesitan, incluyendo las personas reclusas y ex-reclusas. Por ello, reclamamos que se apueste por las políticas de reinserción mediante la asignación de la financiación al efecto.
FEDERACION ANDALUZA ENLACE
FEDERACION PROVINCIAL LIBERACION
ASOCIACION SAN PABLO DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE (ASPAD)
ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCIA (APDH-A)
ASOCIACION SILDAVIA
ASOCIACIÓN COMARCAL DE ATENCIÓN AL TOXICÓMANO (ACAT)
ASOCIACION SOMBRA Y LUZ
ASOCIACION PREVENCION Y AYUDA AL DROGODEPENDIENTE ALBORADA
SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO
ARPOM
COLECTIVO DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN DE ANDALUCÍA (CEPA)
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES MARIA LAFFITTE
ASOCIACIÓN AIRES DE LIBERTAD
ASOCIACIÓN ESPERANZA
ALAT
ASOCIACIÓN MARÁ
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DROGODEPENDIENTES “RESURRECCIÓN”
ASOCIACIÓN ANIMACIÓN Y DESARROLLO (ANYDES)
ASAENES SALUD MENTAL
ASOCIACIÓN OLONTENSE CONTRA LA DROGA (AOCD)
FUNDACIÓN PADRE LEONARDO CASTILLO
FUNDACIÓN PADRE GARRALDA – HORIZONTES ABIERTOS
CIC-BATÁ
DIC
