Ante la solicitud formal que ha realizado la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) para que derogue una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que impide la implantación de establecimientos de apuestas y salas de juego a menos de 500 metros de los equipamientos educativos, deportivos y socioculturales, las entidades andaluzas de adicciones exigen a la Administración andaluza que legisle en favor del bien común, anteponiendo el bienestar de la población a los intereses mercantilistas del sector del juego.
Ante el aumento de las adicciones al juego y a las apuestas (sobre todo entre la población más joven) y de las quejas de muchos/as vecinos/as, algunas administraciones locales están regulando y limitando la apertura de nuevos establecimientos de juego en sus municipios.
En palabras de Sara Nicolás, presidenta de Liberación, “las entidades no queremos entrar en debates jurídicos sobre qué Administración tiene o no competencias para legislar sobre esta materia, solo pedimos un compromiso serio de todas las Administraciones y de todos los partidos políticos para poner freno a un problema que afecta a muchísimas familias y cada vez a más jóvenes”. Según los datos de la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), casi el 20% (18,6%) de los/as adolescentes de 14 años habían entrado alguna vez para apostar en los locales de juego durante el 2019.
En 2020, las Federaciones Andaluzas de adicciones ya denunciaron las bonificaciones ágilmente aprobadas por parte de la Junta de Andalucía para apoyar al sector del juego durante la pandemia, frente al abandono institucional que sufren las entidades sociales que abordan esta problemática, sin apenas recursos y viendo con impotencia cómo siguen proliferando nuevos establecimientos en barrios y pueblos, en zonas residenciales y cerca de instalaciones educativas y deportivas frecuentadas por jóvenes.
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