Si algo nos ha dejado claro esta situación es la vulnerabilidad de todos/as, y también la fragilidad de un mundo interdependiente, dejado en manos del mercado, y no de un consenso mundial de todos los gobiernos.
Esta fragilidad de las personas y de los Estados nos han de llevar a reclamar la implicación directa de los gobiernos, sobre todo en las medidas que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades básicas y que pasan por lo que siempre se han considerado servicios estratégicos: agua, electricidad, cuidados sanitarios, educación,… Una implicación pública, directa o delegada, pero asumiendo la responsabilidad de los bienes que tienen que ser garantizados, para que no mande el mercado, sino que el valor principal sea la vida de las personas.
Hablar de problemas macro, nos obliga a hablar de soluciones macro. Este problema, aparentemente sanitario, es un síntoma más de un modelo de crecimiento insostenible desde el punto de vista humano y medioambiental, como lo son otros (crisis migratorias, cambio climático…).
Algunas de las medidas excepcionales que se han implantado ahora en situación de emergencia, no van a poder retirarse al día siguiente, porque la economía va a quedarse muy tocada con este frenazo y mucha gente tardará en volver a encontrar un empleo, de ahí que será necesario mantener e incrementar apoyos: ayudas al alquiler, alimentación, agua, electricidad, apoyo económico a pymes, autónomos, etc. En este sentido, vemos más justificada que nunca nuestra demanda de una renta básica universal.
Las propuestas que planteamos desde el Tercer Sector no son nuevas, venimos demandando un cambio de modelo desde hace décadas (redistribución de riquezas, renta básica universal, servicios sociales, educación, sanidad, trabajo digno, etc.), en el que prime el trabajo en red, la cooperación, la organización ciudadana,…
Si algo bueno ha traído el COVID-19, es que ha puesto sobre la mesa una realidad que las Entidades del Tercer Sector venimos manifestando desde hace mucho tiempo. No hace falta un techo o una cama a las personas sin hogar durante el Estado de Alarma; es un derecho constitucional y hace falta siempre, todos y cada uno de los días del año. Lo mismo se puede decir de otros muchos derechos básicos: alimentación, sanidad, educación… Son necesarios todos los días del año, pero no todo el mundo tiene las mismas oportunidades a la hora de acceder a ellos.
Desde la última crisis económica (de la cual no hemos salido), las desigualdades han ido aumentando progresivamente y es otra realidad conocida que en Andalucía o Extremadura nos vemos más perjudicadas que otras Comunidades. Lo mismo pasa a nivel provincial, donde hay algunas con más desigualdades como puede ser Cádiz. Esto ya era así, antes de la crisis económica que se aproxima y se pronunciará aún más en los próximos meses. Porque habrá crisis de la economía formal, por supuesto, pero ya la está habiendo de la economía sumergida: quienes viven en precario, de actividades de la economía informal, ya están pasando hambre. Y ya sabemos lo que trae el hambre: desesperación, brotes de violencia, pequeña delincuencia para buscarse la vida.
Necesitamos políticas económicas expansivas (todo lo contrario a lo llevado a cabo en la última crisis económica), unidas a fuertes medidas de protección social que lleguen a todas y cada de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Aunque suene un poco a tópico, el problema no son los activos, el problema es la distribución de las riquezas.
Nosotras, como entidades sociales, tenemos que seguir cumpliendo nuestra misión, nuestros retos, nuestros objetivos. Debemos intervenir directamente en el foco de la desigualdad, analizar las necesidades de las personas más excluidas y necesitadas, exigir a la Administración que las cubra y participar como entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales básicos.
La situación que se avecina no va a ser nueva para nosotras. Cuando nadie habla de crisis económica, cuando nadie habla de desigualdades, cuando no estamos en la agenda política, nuestra realidad sigue siendo de crisis, da igual que pasemos por una “crisis inmobiliaria», «del COVID-19» o «etapa de crecimiento económico». ¿Crecimiento para quién? ¿Lo dice el PIB? ¿La prima de riesgo? Esos indicadores no miden la realidad de las desigualdades. Nuestra realidad es una crisis continua de las personas en exclusión y por tanto una crisis social y económica, ahí, en ese marco trabajamos y seguiremos trabajando con más fuerza si cabe, dando voz y reivindicación a las personas con más necesidades.
Habrá que redoblar esfuerzos y agudizar el ingenio para facilitar el acceso a la vivienda de gente en situación o riesgo de exclusión: pisos compartidos, viviendas tuteladas, viviendas sociales, etc. Esta medida será vital para evitar la marginalidad de mucha gente. El techo es vital para el resto de intervenciones. Desde la calle no podemos hacer un trabajo de normalización ni tratamiento alguno.
La puesta en marcha de empresas de inserción, es decir empresas pensadas no para ganar dinero sino para generar puestos de trabajo para los últimos (enfermos mentales, reclusos, menores que cumplen 18 sin apoyo alguno, mujeres víctimas de violencia, etc.). Lo que se hizo con los centros especiales de empleo para conseguir poner a trabajar a las personas con discapacidad hay que hacerlo también con las personas desempleadas que están en situación o riesgo de exclusión.
Es muy importante que reflexionemos sobre qué sociedad queremos, qué espacio debe tener el Estado, qué espacio se “concede” a las grandes empresas, grupos inversores, personas físicas y jurídicas ultra-millonarias, que se pavonean de ser casi el Estado, de crear miles de puestos de trabajo (¿en qué condiciones?), incluso de salir a «donar» parte de su inmensa riqueza, que han obtenido en tantos casos a cambio de una contribución mínima al bien común.
Mientras tanto, hay un llamado Tercer sector, que hace muuuuuucho más por el bien común que todas esas increíbles máquina de hacer dinero, pero que, el Tercer sector, debe suplicar, mendigar, y trabajar de la manera más infra dotada que podamos imaginar. Esto es inaceptable. Y debe ser más inaceptable desde el momento en que empecemos a repensar la sociedad que debe salir de toda esta crisis. Las entidades sociales debemos dejar de ser utilizadas y ninguneadas para ser consideradas y tener trato propio de quien es un recurso que en situaciones de crisis y todos los días dan la cara y atienden a los más vulnerables de la sociedad. Las Administraciones tienen que tomarse muy en serio lo del “interés social”, para que tengamos fuerza y ayudemos a levantarse a esa parte que más fuerte ha sentido el mazazo.
Basta ya de medir lo bueno que es un país por su PIB, y de medir las empresas por su volumen de negocio, y de que las personas no sean nada; basta ya de empobrecer a la sociedad cada vez más. Eliminemos las enormes diferencias salariales, creemos un mínimo vital, claro está; pero creemos una sociedad en la que la gente tenga la forma de contribuir a cambio de un salario decente; y aprendamos que si el salario es indigno, a quien convierte en indigno es a quien lo paga, no a quien lo recibe.
Demos a las cosas el nombre que deben tener: no hay gasto sanitario, hay inversión en salud. No hay gasto en educación, hay inversión en el conocimiento y en el futuro de las personas. Y vamos a hablar de seguridad en los términos en los que es decente hablar de seguridad: al final los muros y las concertinas no han evitado la mayor crisis sanitaria y económica mundial, no han valido en Grecia ni en Turquía, pero tampoco en México… ni en Melilla, ni en Ceuta; las alarmas en las puertas de nuestras viviendas no han evitado que tengamos miedo, y han dejado pasar al enemigo sin ningún tipo de problema; las empresas de seguridad y los ejércitos no han servido para gran cosa en estos momentos.
Nos falta ciencia, nos falta investigación, nos faltan profesionales de la salud, nos faltan potentes servicios de salud en los que haya lo que ahora necesitamos y tratamos de comprar tarde, mal y caro.
Y es mentira que el virus no entienda de clases; por supuesto que entiende. Quienes estaban en una situación más desprotegida terminarán muy mal, tardarán mucho, si es que lo consiguen en recuperar lo poco que tenían; y esto sin entrar en las consecuencias directísimas del confinamiento y de la enfermedad en las familias y en las personas que ya partían de una situación crítica. Hay que empezar a reconstruir sin olvidarse de esta parte de la sociedad. Es esencial.
Y una cosa más, para que nos acordemos cuando pase esta situación de alarma y nos adelantemos a otras futuras: la cultura del usar y tirar es catastrófica; apenas ha llegado un avión con toneladas y toneladas de mascarillas, EPIs y guantes, que se cuentan no por miles, sino por millones de unidades, pero ya sabemos que, en cuestión de días, todo ese material será basura que habrá que recoger, clasificar, ¿desinfectar? ¿reciclar?; y tendremos que volver a comprar lo mismo una y otra vez… ¿No hay una forma más sostenible de solucionar esto? Deberíamos plantearnos un futuro en el que estas cosas también se tengan en cuenta: invertir en buscar materiales óptimos, reutilizables, lavables, que puedan proteger a la gente.
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