Durante el mes de mayo, ENLACE ha compartido sus propuestas con todos los partidos políticos que han concurrido a las elecciones andaluzas, con el objetivo de incidir en las políticas de drogas y otras adicciones y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Con motivo del 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la Federación ha puesto en marcha la campaña de sensibilización #RetosAdicciones para difundir sus principales reivindicaciones y propuestas.
Regulación más restrictiva de las actividades relacionadas con el juego y las casas de apuestas
La adicción al juego sigue aumentando y, con ella, los efectos negativos sobre los grupos de población más vulnerables (menores de edad y jóvenes). Las entidades de ENLACE consideran que es urgente limitar la ratio de salas de juego y apuestas por barrio o población, estableciendo un número máximo de locales y garantizando la distancia mínima respecto a colegios, institutos o parques infantiles.
Además, las organizaciones sociales del sector alertan de la relajación de los controles de acceso diseñados para limitar la entrada a menores y a personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. Se demanda garantizar filtros efectivos de identidad, realizar inspecciones periódicas, imponer sanciones ante los incumplimientos, e introducir una tasa finalista sobre el negocio del juego, cuya recaudación vaya destinada a los programas de prevención y tratamiento que realizan las entidades del Tercer Sector.
Refuerzo y modernización de la red de atención a las adicciones
Ante la alarmante escasez de profesionales y el grave deterioro de muchas de las instalaciones de los centros de tratamiento ambulatorio y comunidades terapéuticas públicas, las entidades de ENLACE demandan la modernización de la red andaluza de atención a las adicciones para adaptarla a las nuevas necesidades y perfiles, así como invertir más en recursos humanos y materiales y en infraestructuras.
Además, piden que se respeten las escasas plazas existentes en Andalucía para Desintoxicación Hospitalaria y dejen de ser empleadas para otros fines, pues muchas personas que requieren una intervención rápida no pueden acceder a este servicio, poniendo en grave riesgo su equilibrio físico y mental.
Ante las numerosas deficiencias detectadas en la atención a las personas presas con problemas de salud y, en especial, con problemas de drogodependencias, las entidades de ENLACE consideran urgente poner solución a la alarmante falta de personal sociosanitario, tanto para la atención médica de carácter general, como para la atención a través de los centros de intervención especializada dentro de los centros penitenciarios (CPDs, CCDs y CTAs). Asimismo, demandan la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria al SAS, tal y como establece la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Recursos específicos de patología dual y adaptación de la red a las necesidades de las mujeres
Para abordar los numerosos casos de trastorno mental grave que están llegando a las entidades sociales en los últimos años, se requieren dispositivos específicos de patología dual, así como reforzar la coordinación entre los dispositivos de adicciones y salud mental. Es importante posibilitar que las personas con patología dual puedan recibir tratamiento en un medio abierto, a través de centros de día que, con mayor grado de autonomía, ofrezcan apoyo psico-socio-educativo y acompañamiento en cuestiones relacionadas con el diagnóstico (desde favorecer la adherencia al tratamiento farmacológico hasta establecer hábitos básicos de higiene y alimentación) y el seguimiento clínico.
Por otro lado, todos los recursos de adicciones deben adaptarse a las necesidades específicas de las mujeres. Está demostrado que las mujeres con problemas de adicciones acceden menos a los recursos de tratamiento de drogodependencias y esto se debe, en parte, a que los dispositivos y programas no están diseñados para ellas.
Finalmente, señalar que existe un alto porcentaje de mujeres con problemas de adicciones que han sufrido o sufren algún tipo de violencia por razón de su género, actuando su adicción como factor que las excluye en el acceso a recursos de acogida específicos. Es necesaria, por tanto, una coordinación efectiva entre todos los agentes implicados para abordar las distintas problemáticas desde un enfoque integral, así como incrementar el número de plazas residenciales para estas mujeres.
Apoyo a las empresas de inserción
Las cuotas de desempleo en Andalucía siguen siendo muy elevadas y el porcentaje se incrementa aún más entre las personas en situación de exclusión y con problemas de adicciones.
La estigmatización que sufre este colectivo, unida a la falta de hábitos laborales, hace imprescindible trabajar a través de programas ocupacionales y recursos de tránsito al mercado laboral (empresas de inserción, centros de día…). Es imprescindible la implementación de itinerarios socioeducativos para la adquisición de hábitos laborales y el desarrollo de competencias relacionales que promuevan la adherencia al tratamiento y prevengan posibles recaídas.
Por ello, es importante apoyar la creación y el mantenimiento de empresas de inserción y fórmulas similares capaces de trabajar desde un enfoque integral y preparar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para acceder al mercado laboral.
Implantación de la Justicia Restaurativa en Andalucía
Con el objetivo de mejorar la protección de las víctimas, potenciar la incorporación de las personas infractoras y favorecer la participación de la comunidad, ENLACE demanda la implantación de un servicio público de Justicia Restaurativa presente en todas las provincias andaluzas en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa y otros organismos y estrategias internacionales diseñadas para avanzar hacia sociedades más cohesionadas.
Actualmente hay servicios públicos de Justicia Restaurativa funcionando en Comunidades Autónomas como el País Vasco, Navarra o Cataluña, desde los que se está fomentado la resolución pacífica de los conflictos, con todos los beneficios individuales y colectivos que ello conlleva.
No podemos olvidar, por otro lado, que la implantación de estos servicios se ha revelado favorable en términos de eficiencia, pues al contribuir en la prevención de nuevas conductas delictivas, reducen el índice de litigiosidad y los costes para la Administración Pública asociados a esta.
JUN
