La Federación Andaluza ENLACE, que agrupa a 103 entidades que trabajan en el ámbito de las adicciones y otras situaciones de exclusión social, recuerda que la privación de libertad siempre debe emplearse como último recurso, al afectar a uno de los derechos fundamentales más importantes de la persona.
«Desde nuestros inicios, hemos reivindicado la aplicación de medidas alternativas a la prisión para las personas drogodependientes», comenta Antonio Escobar, Presidente de la entidad, «intentando siempre que la persona pudiera acceder a un centro de tratamiento, como medida más efectiva para su problemática que la cárcel. La experiencia nos demuestra que las alternativas a la prisión han generado cambios positivos en las personas drogodependientes, favoreciendo su rehabilitación e incorporación social, frente a los efectos negativos que ha tenido en sus vidas y en las de sus familias la encarcelación.»
Tanto la legislación española como la europea disponen que la prisión preventiva sólo puede dictarse cuando sea estrictamente necesaria. Por tanto, antes de encarcelar a una persona aún no condenada (recordemos que las personas en prisión preventiva son inocentes hasta que se demuestre lo contrario), el órgano judicial debe asegurarse de que no es posible aplicar alguna medida alternativa. En el caso de las drogodependencias, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que las personas drogodependientes sean internadas en un centro de deshabituación como alternativa al encarcelamiento preventivo.
Además, habría que tener en cuenta también, el elevado coste económico que generan las prisiones. Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en España hay actualmente 8.639 personas en prisión preventiva (7.976 hombres y 663 mujeres), mientras que el único estudio empírico existente hasta la fecha, asegura que alrededor de un tercio de estas personas acabarán siendo absueltas o condenadas a penas no privativas de libertad. Si a esto añadimos el coste social y el perjuicio que genera en la persona, ¿no sería mejor para la sociedad que estas personas permanecieran en libertad, con aplicación de medidas cautelares, hasta el momento de la celebración del juicio?
Por todo ello, desde ENLACE consideramos que es de vital importancia evitar el uso ex-cesivo de la prisión preventiva y, sobre todo, dejar de banalizar la imposición de una me-dida tan dura y extrema, que daña irreversiblemente a las personas y sus familias y que, por tanto, debe ser aplicada con toda la cautela, moderación y garantías que rigen en un Estado de Derecho. Esto es aún más necesario en el caso de personas drogodependientes para no interrumpir el tratamiento de sus adicciones y el inicio de su recuperación.
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