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Ante las próximas elecciones andaluzas convocadas para el 19 de junio, ENLACE, como federación del ámbito de las adicciones más representativa de Andalucía, ha enviado sus principales propuestas a todos los partidos políticos que concurren a las mismas:

1. SERVICIO PERMANENTE DE UNIDADES DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA.
   El Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, dentro de los recursos de la Red Asistencial, ofrece la realización de procesos de desintoxicación en Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) en los siguientes casos:
   ✔ Fracasos repetidos en desintoxicación ambulatoria o domiciliaria.
   ✔ Caracteres psicosociales marcados por desarraigo familiar y social, núcleo social de alto riesgo que impida el mínimo aislamiento necesario para realizar tratamiento, nivel socioeconómico bajo y/o existencia de personas consumidoras en el núcleo familiar.
   ✔ Trastornos médicos orgánicos o psicopatológicos que hacen que la desintoxicación en un contexto ambulatorio sea poco segura.
   ✔ En resumen, situaciones de especial vulnerabilidad, aquellas que requieren una intervención rápida para su éxito y casos de reducción del daño en personas muy deterioradas por su adicción.

   En cuanto al número de camas hospitalarias destinadas a este fin, señalamos que la oferta actual de plazas resulta totalmente insuficiente pues, además de haber ido disminuyendo a lo largo de los años, estas funcionan de forma intermitente, al destinarse a otras situaciones de urgencia.

   Esta situación tiene un innegable efecto negativo en las personas que desean desintoxicarse, al ver retrasada su fecha de ingreso en la Unidad en perjuicio de su salud y su proceso de rehabilitación. Por ello, reclamamos la estabilidad de los servicios de UDH, en la misma medida que el resto de recursos de atención a las adicciones en Andalucía.

2. REFORZAR LA ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO Y COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PÚBLICAS.
   Actualmente hay una alarmante escasez de profesionales y un deterioro grave de muchas de las instalaciones. Desde el movimiento asociativo de adicciones consideramos necesario y urgente modernizar la red andaluza de atención adaptándola a las nuevas necesidades y perfiles, así como invertir en recursos e infraestructuras.
   Solicitamos al próximo gobierno andaluz que tenga en cuenta la opinión de las personas usuarias y de las entidades sociales que intervenimos en el sector y que defienda un modelo de atención a la adicciones que, más allá de los aspectos meramente sanitarios, aplique el enfoque biopsicosocial.
3. TRANSFERENCIA DE LA SANIDAD PENITENCIARIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
   La transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias está prevista en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
   Dar cumplimiento a la misma, tras tantos años desde su publicación, facilitaría a las personas privadas de libertad la continuación de tratamientos prescritos en atención primaria ante patologías como el VIH, la hepatitis y otras; y permitiría a las y los profesionales sanitarios de Instituciones Penitenciarias tener acceso al historial médico de sus pacientes. Asimismo, ante el gran número de deficiencias detectadas en la atención a las personas presas con problemas de salud y, en especial, con problemas de drogodependencias, consideramos urgente poner solución a la alarmante falta de personal sociosanitario, tanto para la atención médica de carácter general como para la atención a través de los centros de intervención especializada dentro de los centros penitenciarios (CPDs, CCDs y CTAs).
4. DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES Y ENFERMEDAD MENTAL.
   Actualmente hay muchos casos de trastorno mental grave que son difíciles de abordar con los recursos existentes y se detectan importantes debilidades en la coordinación con los servicios de Salud Mental.
   Se precisan recursos específicos de patología dual y una mayor dotación presupuestaria para las entidades que gestionan recursos residenciales (comunidades terapéuticas y viviendas). Estas últimas, ya atienden a personas con enfermedad mental grave y necesitan un refuerzo en las actividades y las y los profesionales.
   Es importante posibilitar que las personas con patología dual puedan recibir un tratamiento normalizado en un medio abierto, a través de centros de día que, con mayor grado de autonomía, ofrezcan apoyo psico-socio-educativo mediante el acompañamiento en cuestiones claves relacionadas con el diagnóstico (desde favorecer la adherencia al tratamiento farmacológico hasta establecer hábitos básicos de higiene y alimentación) y el seguimiento clínico.
5. PERSPECTIVA DE GÉNERO: ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS DE ADICCIONES A LAS MUJERES E INTERVENCIÓN INTEGRAL CON AQUELLAS QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO.
   Nuestra experiencia nos demuestra que las mujeres con problemas de adicciones acceden menos a los recursos de tratamiento de drogodependencias y ello es así, en parte, porque los dispositivos y los programas no están diseñados para ellas.
   Demandamos un incremento del presupuesto destinado al tratamiento de adicciones que facilite la adaptación de los recursos de la Red a la formación de las y los profesionales, y la creación de nuevos programas y tratamientos diferenciados, acordes a las necesidades de las mujeres.
   Al mismo tiempo, existe un alto porcentaje de mujeres con problemas de adicciones que han sufrido o sufren algún tipo de violencia por razón de género, actuando su adicción como factor que las excluye en el acceso a dispositivos de acogida específicos. Solicitamos una coordinación efectiva entre los agentes implicados que permita articular un abordaje integral de las distintas problemáticas e incrementar el número de plazas residenciales para estas mujeres.
6. FINANCIACIÓN ESTABLE Y SUFICIENTE PARA EL TERCER SECTOR.
   La prestación de servicios sociales a personas en riesgo o situación de exclusión social debe hacerse bajo unos parámetros de calidad y con continuidad en el tiempo para obtener un impacto individual y colectivo. No puede ser cortoplacista ni depender de subvenciones anuales.
   Por ello, demandamos:
   ● Un sistema de concertación social y gestión de subvenciones más eficaz y eficiente para cumplir con dichos estándares.
   ● Financiación estable que permita a las entidades de segundo nivel desarrollar funciones de coordinación, elaboración de propuestas que inspiren las políticas públicas, fomento de la participación social e interlocución con las Administraciones.
7. APOYO A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN.
   Las cuotas de desempleo en Andalucía siguen siendo muy elevadas y el porcentaje se incrementa aún más entre las personas en situación de exclusión y con problemas de adicciones.

   La estigmatización que sufre este colectivo, unida a la falta de hábitos laborales, hace imprescindible trabajar a través de programas ocupacionales y recursos de tránsito al mercado laboral (empresas de inserción, centros de día…). Es imprescindible la implementación de itinerarios socioeducativos para la adquisición de hábitos laborales y el desarrollo de competencias relacionales que promuevan la adherencia al tratamiento y prevengan posibles recaídas.

   Por ello, es importante apoyar la creación y el mantenimiento de empresas de inserción y fórmulas similares capaces de trabajar desde un enfoque integral y preparar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad para acceder al mercado laboral.

8. IMPLANTACIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN ANDALUCÍA.
   La Justicia Restaurativa utiliza herramientas como la mediación, los círculos o los encuentros restaurativos y fue incorporada a nuestra legislación a través de la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima. Los servicios públicos de Justicia Restaurativa, ya están funcionando en Comunidades Autónomas como el País Vasco, Navarra o Cataluña, y forman parte de las estrategias internacionales para avanzar hacia la resolución pacífica de los conflictos y sociedades más cohesionadas.
   Además de los beneficios individuales y sociales de la Justicia Restaurativa, dichas prácticas resultan beneficiosas en tanto que previenen conductas delictivas y reducen el índice de litigiosidad y los costes generales de la administración pública. Los estudios existentes demuestran que el coste-beneficio de estos servicios es muy favorable y producen un ahorro a medio plazo.
   Desde ENLACE demandamos la implantación de un servicio público de Justicia Restaurativa en Andalucía que cuente con dotación económica suficiente en todas las provincias. Sólo así conseguiremos avanzar en nuestro sistema de justicia penal y mejorar la protección de las víctimas y la reinserción de las personas infractoras.
9. REGULACIÓN MÁS RESTRICTIVA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y LAS CASAS DE APUESTAS.
   La adicción al juego sigue aumentando y, con ella, los efectos negativos sobre los grupos de población más vulnerables, como son las personas menores de edad, la población joven o la que tiene menor acceso a los recursos socioeducativos.
   Es urgente limitar la ratio de los salones de juegos de azar, donde se realizan apuestas y juegos online, por barrio o población, estableciendo un número máximo de locales y garantizando la distancia mínima respecto a colegios, institutos o parques infantiles.
   Además, consideramos esencial implantar rigurosos controles de acceso a las salas para limitar la entrada a menores y garantizar filtros efectivos de identidad, realizar inspecciones periódicas e imponer sanciones ante los incumplimientos, así como introducir una tasa finalista sobre el negocio del juego, cuya recaudación vaya destinada a las campañas de prevención y tratamiento que realizamos las entidades del Tercer Sector.
10. INSTAR AL GOBIERNO CENTRAL A DEROGAR LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA Y REGULAR EL CANNABIS DE FORMA INTEGRAL.
    Desde ENLACE, consideramos esencial apostar por regulaciones respetuosas con la autonomía personal y los derechos humanos para no retroceder como sociedad en los avances conseguidos en las últimas décadas en materia de derechos.
    En este sentido, demandamos:

• La derogación de la La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que limita la libertad de expresión y reunión pacífica, en contra del espíritu de las convenciones internacionales, e imposibilita la suspensión de sanciones administrativas por tenencia o consumo de sustancias en vía pública. El antiguo texto, que a través del artículo 25.2 permitía suspender el pago de la multa a condición de que la persona se sometiera a tratamiento de deshabituación, había potenciado el acceso a la red de adicciones a personas con problemas drogodependientes y en exclusión social, reduciendo los riesgos asociados al consumo e
  incrementando las posibilidades de rehabilitación. Por otro lado, el hecho de que la sanción económica por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes haya duplicado su cuantía, de 301 a 601 euros en su graduación mínima, ha penalizado a las personas de contextos más vulnerables.
• Una regulación integral del cannabis que cambie el sentido marcado por las políticas de drogas de las últimas décadas y mejore la protección de la salud de las personas.
  Son cada vez más los países que, como Uruguay, Canadá o Estados Unidos, están ensayando fórmulas para reducir el índice de criminalidad asociado al mercado de las drogas y generar resultados positivos a nivel sanitario, social y económico. Es necesario que España siga este
  ejemplo en la elaboración de una normativa responsable adaptada al contexto actual.