Una adecuada regulación de las drogas es mejor que la prohibición. Sin justicia social, sin embargo, la legalización no resuelve nada.
«¡Acabad con la guerra a las drogas y legalizad las drogas!». Cada vez más personas se identifican con este mensaje. Yo mismo soy un gran defensor de la reforma de las políticas de drogas. Creo que es inmoral castigar a alguien por usar drogas. Estoy convencido de que un mercado legal regulado, ajustado a cada tipo específico de droga y que reduzca ciertos comportamientos de riesgo, es mucho más beneficioso para la humanidad que un mercado negro global.
No me gusta la prohibición porque propone una solución simplista para un problema complejo. Sin embargo, considero que los argumentos basados en el supuesto de que la legalización de las drogas terminará con todos estos problemas son igual de simplistas, si no más.
No me entiendan mal, muchos de los problemas que vemos en este ámbito están directamente provocados por la guerra contra las drogas, incluyendo el encarcelamiento masivo, la propagación de enfermedades, las sobredosis y el crimen organizado.
El mercado negro de drogas es como un monstruo, alimentado y engordado por los esfuerzos para reducirlo. La regulación de las drogas mataría al monstruo de hambre.
Pero simplemente, legalizar las drogas no matará a todos los monstruos.
Hay predadores aún mayores, a menudo escondidos en las sombras, al acecho, en busca de presas. Pobreza, racismo, violencia doméstica, falta de vivienda, desempleo, fanatismo, corrupción, desigualdad, etc. Sin esos monstruos, las políticas de drogas represivas jamás habrían prevalecido. La guerra contra la droga es una herramienta institucional que sirve a aquellos con poder y dinero para disciplinar y reprimir a aquellos que no tienen poder y dinero. ¿Por qué? Para ganar más dinero y poder.
No es casual que las personas marginadas que viven en la pobreza sufran los mayores daños causados por las drogas, y también por la guerra contra las drogas. Son ellas quienes llenan las prisiones, quienes en muchos casos no tienen acceso a cuidados básicos de salud, quienes contraen la hepatitis C y el VIH, quienes mueren de sobredosis y SIDA, en tasas mucho mayores que los usuarios de drogas de clase media y alta.
En muchos países, son arrestadas, torturados, asesinadas y encerradas en campos de trabajo forzados. Mientras las personas ricas que esnifan cocaína se libran de acusaciones y procesamientos, y acceden a centros de rehabilitación lujosos, las pobres que se inyectan metanfetamina, y fuman crack son encarceladas, especialmente si no son de raza blancas.
Las víctimas de los escuadrones de la muerte de Duterte, los cárteles de la droga mexicanos o las ejecuciones del Sudeste Asiático son personas predominantemente pobres.
Las desigualdades incluso, se manifiestan en el propio mercado de drogas: grandes traficantes, banqueros y políticos corruptos -la mayoría de ellos hombres, blancos y ricos-, se benefician de la explotación de los y las agricultores y consumidores pobres, en los dos extremos del mercado ilícito.
Los monstruos de la desigualdad social y de la discriminación racial fomentaron la prohibición de las drogas y, lamentablemente, también la mantuvieron viva. Cuando la marihuana se legaliza en los EE.UU., de nuevo, son personas blancas y ricas quienes se benefician con el cultivo y distribución del producto. Las comunidades pobres, devastadas por la guerra contra las drogas, permanecen marginadas y excluidas.
La guerra contra las drogas no es más que una manifestación de una injusticia social mayor. Acabar con la guerra, simplemente, no va a parar las fuerzas subyacentes que la alimentaron durante muchas décadas. Por lo tanto, no podemos reducir el movimiento de reforma de la política de drogas a un movimiento de legalización, como los opositores normalmente nos etiquetan.
El movimiento es mucho mayor que la legalización. Reconocemos y levantamos la bandera de la regulación, pero no estamos luchando para que una pequeña élite se lucre con las drogas legales. Nuestro movimiento es ante todo, un movimiento de libertad y justicia social. Estamos luchando por una política de drogas que proteja a las personas débiles de las poderosas, salvaguarde los derechos de las personas consumidoras frente a las empresas que buscan ganancias y devuelva la autoestima a las personas que son estigmatizadas.
Además de la legalización, la reforma de las políticas de drogas tiene que incrementar los esfuerzos para acabar con la explotación de los y las agricultoras en los países productores, invertir en programas de desarrollo y garantizar que tengan una porción justa de los beneficios de las drogas legales.
La reforma de las políticas de drogas debe acompañar a las intervenciones que trabajan contra el racismo institucional, el machismo y la discriminación, no sólo en el ámbito de la justicia penal, sino también en el de salud pública y la asistencia social.
Tenemos que acabar con la segregación residencial y educativa, proporcionar vivienda decente y empleos para personas usuarias de drogas en barrios pobres. Tenemos que proporcionar acceso a programas de tratamiento y reducción de daños, sensibles a la edad, género y orientación sexual. Tenemos que involucrar a las comunidades marginadas en la toma de decisiones sobre sí mismas, así como movilizarlas para que gocen de los mismos derechos que todos los demás.
Al final de su vida, Martin Luther King percibió que simplemente abolir la segregación legal y adoptar leyes que protejan los derechos civiles no acabaría con la opresión de las personas de raza negra. Él trabajó incansablemente para expandir el movimiento de los derechos civiles hacia un movimiento por la justicia económica, para eliminar la pobreza.
De igual modo, nuestro movimiento de reforma de la política de drogas no acaba al hacer las drogas legales. Es un paso necesario, pero no suficiente, para reformar las políticas de drogas y crear un ambiente social donde los beneficios y los riesgos del uso de drogas se distribuyan también.
Peter Sarosi
Civil Society Forum on Drugs
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