Como parte de nuestra agenda veraniega, hemos asistido al curso de la Universidad de Málaga «Políticas sobre el cannabis. Nuevos modelos de regulación”, celebrado en Marbella durante los días 11-14 de julio.
Dirigido por Juan Muñoz Sánchez y Antonio Martín Pardo, profesores de Derecho Penal de la UMA, el curso ha contado con la participación de representantes de entidades e instituciones públicas del ámbito de las adicciones, tanto a nivel nacional como internacional.
Una vez más, se ha puesto de manifiesto cómo las políticas prohibicionistas instaladas desde la segunda mitad del siglo XX, no sólo no han surtido los efectos deseados al no haber bajado el consumo (hoy en día se consume más que nunca), sino que además, han provocado efectos negativos como el incremento de la tasa de criminalidad por delitos no violentos, el surgimiento de redes de tráfico ilegal o daños para la salud derivados de la falta de control de las sustancias, provocando todo ello, mayores tasas de exclusión social.
Y es que, tal y como se ha expuesto durante estas jornadas, si hacemos un recorrido histórico en el uso y regulación del cannabis, comprobamos que mientras que su uso se remonta a una época anterior a la romanización, la prohibición es un fenómeno reciente que carece de rigor científico y surge en un contexto determinado en el que confluyen motivaciones económicas y de control de un sector de la población concreto. Este es el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana (“Ley Mordaza”), cuyas multas relacionadas con la tenencia o el tráfico de cannabis se han endurecido.
Como contrapunto, las jornadas han tratado temas de actualidad como la realidad de los clubes de consumidores de cannabis, tanto a nivel jurídico como jurisprudencial en un recorrido por las distintas iniciativas puestas en marcha para regular el cannabis y sus usos en la geografía española. Así, llama la atención el hecho de que, a día de hoy, todos los territorios a excepción de las dos Castillas y Galicia, han abierto el debate con algún tipo de propuesta. Siendo una de las más avanzadas, la recién aprobada «Rosa Verda», la Ley de las Asociaciones de Consumidores de Cannabis de Cataluña.
Por último, ha resultado muy interesante tomar contacto con la realidad de otros países. El caso de Holanda, pionera en este campo a través de la regulación de los “coffe shops” es curioso, ya que a pesar de poseer mecanismos internos que han posibilitado la regularización del consumo y la venta de pequeñas cantidades de cannabis a través de estos locales, sigue a la espera de una regulación que abarque también el cultivo y la distribución a estos establecimientos.
También se expuso el caso de éxito de Uruguay, primer país donde se ha apostado por una regulación integral del cannabis para uso terapéutico y recreativo, llegando a normalizarlo junto con el resto de las llamadas drogas legales a través de un sistema de venta en farmacias, con licencias para el cultivo y la difusión entre los consumidores, que además, tendrán la opción de acceder a esta sustancia a través de clubes y del autocultivo.
Para terminar con las experiencias internacionales, el curso contó con la participación de un representante de los Estados Unidos, donde también empieza a despuntar esta tendencia regulatoria ya iniciada en los Estados de Colorado, Washington o California. En relación a Canadá, se ha establecido un sistema de regulación para uso medicinal con fecha límite para su implementación en 2018.
Como conclusión a lo expuesto y debatido en las mesas redondas organizadas durante el curso, hay que destacar la necesidad de un cambio en la política de cannabis y su regulación que, para dar respuesta a los efectos indeseados que se han producido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras durante todo este tiempo, deberá ser integral. Es decir, incluir la producción, distribución, venta y consumo de esta sustancia, respetando la autonomía y los derechos de las personas.
Paqui Bonachera
Técnica del Área Jurídica de Federación ENLACE
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