Andalucía debe ser una región referente en el impulso de una regulación que proteja a las personas usuarias, que impida el acceso a menores de edad y fomente modelos de producción alejados del ánimo de lucro
Ayer, Podemos organizó un foro de debate en el Congreso de los Diputados sobre la regulación del cannabis y tiene previsto presentar en las próximas semanas una propuesta legislativa al respecto.
Canadá, un país con un peso importante en la escena económica y política internacional, aprobó el pasado miércoles la legalización de la producción y consumo del cannabis. De este modo, se suma al camino marcado por Uruguay y por 9 estados de Estados Unidos, que llevan años demostrando que otra política de drogas es posible y que una regulación apropiada reduce la criminalidad vinculada al narcotráfico y tiene resultados más positivos a nivel sanitario, social y económico que la actual prohibición.
Desde la Federación Andaluza ENLACE, como red de casi 100 entidades que trabajan en el ámbito de las drogodependencias, apoyamos la búsqueda de alternativas a la prohibición de drogas, ya que no cumple su objetivo de reducir los consumos ni los problemas asociados a los mismos.
Para acabar con las problemáticas asociadas al tráfico de drogas, principalmente con las peligrosas mafias que se fortalecen cada día con este negocio, tenemos que centrarnos en la Justicia Social y no exclusivamente en la Justicia Penal. El enfoque prohibicionista que enmarca la mayor parte de las actuaciones en el mundo no ha conseguido reducir el “problema de las drogas” sino que, por el contrario, ha servido para enriquecer y fortalecer a las mafias y organizaciones criminales, que campan a sus anchas en una clandestinidad que parece hecha a su medida y perjudican a las personas consumidoras con sanciones administrativas, penas de prisión, enfermedades e incluso muertes que podrían evitarse controlando la producción. No olvidemos que la clandestinidad pone a las personas consumidoras en contacto con un mercado negro donde se adulteran sustancias, impera la violencia y la marginalidad y no se tiene ningún tipo de reparo con los/as menores.
Desde este punto de vista, una nueva regulación del cannabis, enfocada a un uso controlado de la sustancia, permitiría volcar los esfuerzos de las políticas de drogas en la prevención de los consumos abusivos, la educación y el desarrollo económico de las zonas desfavorecidas.
Por eso apoyamos iniciativas como la del Grupo de Estudio de Políticas sobre Cannabis (GEPCA) y pedimos a los partidos políticos andaluces que incluyan en sus programas electorales el impulso, desde Andalucía, de una regulación integral del cannabis. Nuestra región siempre ha sido valedora de políticas innovadoras en el ámbito de las drogas y, el año pasado, el Parlamento Andaluz aprobó una Proposición no de ley relativa a la regulación del cannabis en sus usos medicinales, terapéuticos y de ocio, aunque aún no se ha producido la deseada reforma. Debido al cambio de Gobierno que ha acontecido, consideramos que es necesario volver a instar a regular los usos terapéutico y recreativo del cannabis.Consideramos que una manera de salir del punto muerto en el que se encuentra esta regulación tan necesaria, sería la financiación y realización, con impulso público, de un proceso participativo de indagación social sobre la pertinencia de regular el cannabis, la mejor modalidad para hacerlo y las ventajas e inconvenientes de las diferentes regulaciones posibles. En este proceso es importante tener en cuenta la voz de las asociaciones que trabajan con personas drogodependientes, las personas consumidoras, juristas y economistas de reconocido prestigio entre otros perfiles.
La política prohibicionista ha demostrado ser durante décadas un fracaso social, sanitario y económico, por lo que ya es urgente probar alternativas más justas y eficaces.
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