• Los consumos de cannabis son una realidad asentada. Tras el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes, es la cuarta droga más consumida. Cada vez hay más personas que quieren consumir esta sustancia sin tener que recurrir al denominado mercado negro.
• La actual política prohibicionista ha fracasado en sus dos objetivos básicos: reducir la oferta y reducir la demanda. Los severos controles penales y administrativos existentes, no son un impedimento para que el cannabis se consuma incluso en lugares fuertemente controlados (prisiones), ni para que personas menores de edad (si lo desean y disponen de medios económicos), puedan acceder a dicha sustancia.
• Según los conocimientos actuales, los motivos por los que el cannabis se introdujo en las Listas de los Convenios Internacionales en materia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas (teoría de la escalada, aumento de comportamientos violentos y de delitos, etc.), carecen de base empírica y, por tanto, no tienen razón de ser.
• Diversos estudios han puesto en evidencia que el alcohol y el tabaco –aun disponiendo de una situación legal muy diferente-,  tienen más efectos negativos –tanto para las personas consumidoras como para la sociedad- que el cannabis. El daño más preponderante en torno al cannabis no está motivado por la propia sustancia sino por los efectos secundarios (adulteraciones, control social, blanqueo de dinero procedente del mercado ilegal, corrupción, etc.), derivados de su situación jurídica actual.
• En el territorio español más de la mitad de las detenciones por tráfico de drogas están relacionadas con el cannabis. Del mismo modo, más de ocho de cada diez sanciones administrativas por tenencia o por consumo de drogas, también se centran en esta sustancia.
• Desde hace varias décadas la cultura cannábica está cada vez más presente en nuestra sociedad. En este proceso, un sector significativo del asociacionismo cannábico, junto con otros agentes sociales, han contribuido a sensibilizar sobre la inseguridad jurídica que viven las personas consumidoras y, asimismo, han realizado propuestas para que las personas consumidoras de cannabis puedan acceder a una sustancia de calidad, sin tener que ser sancionadas.
• La normalización social del cannabis y de las personas consumidoras de esta sustancia evidencian la necesidad de ir acompañadas de una normalización jurídica, basada en el libre desarrollo de la personalidad, y en otros derechos y libertades propias del Estado social y democrático de Derecho. A tal fin, el cannabis debe formar parte de la agenda política, capaz de poner en práctica una nueva política –acompañada de su correspondiente legislación- donde los derechos y libertades antes citadas, así como los aspectos sociales, educacionales, preventivos, y de reducción de daños, sean los ejes centrales de dicha política.
• Una regulación con estas características de la producción, suministro y consumo de cannabis, pretende un doble objetivo: garantizar el derecho individual de las personas adultas al consumo, y proteger a las personas menores de edad y a los sujetos vulnerables de los potenciales riesgos de ese consumo.
• El prohibicionismo moderno no puede ser un impedimento para el acceso  a los usos terapéuticos del cannabis. Las administraciones públicas, además de eliminar las trabas burocráticas que obstaculizan las investigaciones, deben posibilitar el derecho a los beneficios terapéuticos de esta sustancia que un fuerte sector de la organización sanitaria ha negado o no ha sabido garantizar.
• Una regulación diferente a la actual en materia de cannabis –no solo terapéutica sino también lúdica- es hoy una realidad en los Países Bajos, en Uruguay, en algunos Estados de Estados Unidos, y está previsto que el uso lúdico también se implemente próximamente en Canadá.
• Para la normalización legal del cannabis es necesario reformar la legislación penal -Código Penal-, la legislación administrativa -Ley de estupefacientes (1967) y Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (2015)-, así como la aprobación de una legislación específica donde se regulen todos los usos, ya sean recreativos, terapéuticos y de investigación, relacionados con esta sustancia.
• La profundización en una política normalizadora del cannabis, lejos de suscitar la inocuidad y la promoción de esta sustancia, supone un importante acicate para la desaparición de los efectos secundarios antes citados y, además, para potenciar el consumo responsable entre las personas adultas que deseen consumir.
• Una regulación normalizada del cannabis con los criterios expuestos, se enmarca en un proceso abierto y participativo, sometido necesariamente a evaluación continua, capaz de introducir mejoras en los ámbitos de la salud, la educación, la prevención, la reducción de daños y la legislación.

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